Nuestra Agenda Nacional de Desarrollo propone un conjunto de lineamientos específicos que queremos hoy compartir con Ustedes.
POLÍTICAS ACTIVAS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO
Durante el segundo gobierno del FA debemos dar gran impulso a las políticas activas para el desarrollo productivo En los próximos cinco años los objetivos deben ser ambiciosos. Por un lado habrá que consolidar los importantes logros alcanzados, pero además debemos profundizar los cambios para sentar las bases del desarrollo sostenido en el largo plazo. Esto implica operar sobre la estructura productiva del país, basado en un rol activo y orientador del Estado en un proceso de crecimiento con distribución y justicia social. Las políticas productivas tendrán en este proyecto un rol central. Necesitamos políticas horizontales y verticales.
Las políticas horizontales deben promover la competitividad, la innovación el empleo de calidad, la mejora de productos y proceso en toda la economía, porque la especialización es posible aun en los sectores más tradicionales. Con ello mejorará la competitividad de toda la economía. En la actualidad se están desarrollando en el país dos programas con este enfoque de promoción de la competitividad con énfasis en asociaciones y encadenamientos entre empresas: el Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (PACPYMES) del MIEM, y el Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC) en DIPRODE’-OPP.
Estos programas muestran algunos aspectos clave, que a nuestro juicio, debería estar en la médula de los nuevos enfoques de política industrial, tanto horizontales como sectoriales o de cadenas productivas. La misma debe ser capaz de generar una relación fluida entre los empresarios y el Estado, así como dentro de los propios grupos empresariales, en la que cada una de las partes entienda que todas tienen mucho para ganar de la confianza mutua. Este Estado “amigable” para los negocios, tendría la virtud de identificar iniciativas de refuerzo de competitividad propuestas por las empresas, en las que la rentabilidad social sea superior a la privada, sobre las que se justifiquen los subsidios explícitos, que se ejecutan para la realización de dichas iniciativas concretas.
Esta concepción es muy distante de la más tradicional política sectorial, usualmente asociada a la protección arancelaria o para-arancelaria de ramas enteras. Por otra parte, constituye un enfoque fuertemente proactivo, lo que implica una inmensa distancia respecto a la visión aplicado desde 1990, donde se expresaba, con matices, que la mejor política industrial era no tener política industrial.
Las políticas verticales se dirigirán a complejos productivos y sectores específicos promoviendo la generación de productos de mayor valor agregado, que promuevan la innovación y el cambio técnico para que aumenten el empleo y la integración del conjunto del complejo. Algunos de estos complejos con su desarrollo realizan un aporte a la mejora en todos los complejos. Es el caso de las tecnologías de la información o del software, dado que todos los sectores utilizan sus productos, una mejora en estos complejos se extiende a toda la economía.
Para definir e implementar estas políticas se requiere profundizar el fortalecimiento de los complejos productivos.
La estrategia de desarrollo que estamos pensando para el país de las próximas dos décadas propone apoyarse en un conjunto de sectores, cuya dinámica se ha acentuado desde 2005 a la fecha.
En primer lugar, las grandes cadenas agroindustriales que se distribuyen la mayor parte del uso de nuestras tierras, que continuarán siendo la mayor parte de nuestras exportaciones: la carne, las agroindustrias cerealeras, la cadena forestal papelera y los lácteos. Estas ramas están recibiendo importantes inversiones y disponen todavía de un importante potencial para ganar productividad y competitividad utilizando adecuadamente nuestros recursos naturales.
En segundo lugar, pero no menos importante, nos interesa continuar desarrollando ramas más intensivas en conocimiento, que ya han dado muestras, en el período reciente, de un importante potencial de crecimiento futuro. Podemos pensar en un sector que agrupe a las industrias creativas en torno a las tecnologías de la comunicación e información: que promueva al software junto a producción audiovisual, diseño y otras relacionadas, así como otro sector vinculado a las ciencias de la vida apoyado en biotecnologías.
Permítanme un momento para la consideración de estos sectores. La economía digital y la conectividad a internet operarán como un factor clave para el desarrollo del primero, no podemos perder el futuro de las apuestas decididas que se han realizado en este período de gobierno a través del Plan Ceibal. En nuestro espacio de contenidos estamos trabajando en propuestas para que en las Tecnologías de Información podamos reafirmar la continuidad y énfasis sobre las estrategias definidas en el gobierno actual. Apuntando a reforzar las capacidades y competitividad del Uruguay en TI, en el marco de una clara apuesta estratégica a la Industria del Conocimiento
Continuar invirtiendo en la Infraestructura de Telecomunicaciones y Acceso a Internet ( satélites, contratos de ancho de conexión, cableado ), Implementar el acceso universal a Internet (Plan Cardales, plazas y zonas wi-fi. ), sostener (extender) la exoneración fiscal a estas industrias.
Debemos profundizar los programas de alfabetización digital, para que los adultos puedan verse beneficiados por los efectos del plan Ceibal. En particular, desarrollar un Programa Integral de Capacitación a distancia en Tecnologías de Información apuntando a Masificar la Capacitación e Incrementar la Producción de Recursos Humanos Calificados para la Industria del Conocimiento, cuya demanda seguirá creciendo en los próximos años a nivel mundial. Capacitar principalmente a los pre-adolescentes y adolescentes que “egresan” de Primaria con su notebook XO del Plan Ceibal.
Por su parte, nuestra industria farmacéutica ha mostrado una importante dinámica, y el potencial de las biotecnologías a futuro aparece como una oportunidad de futuro. La instalación del Pasteur, además de los polos tecnológicos que se venían desarrollando, muestra que ese potencial puede no estar lejos de concretarse en desarrollo productivo.
Debemos estar alertas a que si no generamos rápidamente más recursos humanos para estos sectores, estamos perdiendo oportunidades de desarrollo.
Por su parte, transporte y logística, sectores de impactante dinámica en el período reciente, constituyen una apuesta estratégica al futuro para el país.
En el primero, ya hemos mencionado la relevancia de las necesarias inversiones en ferrocarriles, que acompañen los desarrollo exitosos del sistema portuario.
Turismo, debemos proponernos la meta de que Uruguay sea un destino atractivo trascendiendo el motivo sol y playa, ampliando la oferta mediante decididas políticas de capacitación de los recursos humanos y ampliación de infraestructura. Hoy el turismo es una actividad central en la vida del país a la cual se debe de priorizar porque genera ingresos de divisas al país, dinamiza el empleo y la inversión, favorece el desarrollo de emprendimientos económicos que dan imagen de marca al Uruguay (como la gastronomía y la vitivinicultura) y porque también atrae inversiones al país en otras áreas de la economía. Uruguay Natural es concepto que debe de guiar el desarrollo turístico del país teniendo nuestras embajadas y consulados un papel fundental a cumplir. El nuevo aeropuerto y un sistema de aeropuertos en el país deberán permitir convertirnos en un centro regional de operaciones, punto de encuentro y conexión para el turismo. Esta actividad requiere una institucionalidad fuerte, con recursos económicos adecuados a la importancia cada vez más gravitante que tiene en el país.
La Agenda Nacional de desarrollo, proyecto del bicentenario 2010-2030, será la gran herramienta del próximo gobierno. Con las políticas activas nos permitirá promover la producción para construir una estructura productiva sustentable en el largo plazo: que permita aumentar la producción y mejorar las condiciones de trabajo y de vida.
¿Promover una especialización en qué sentido? En el de agregar a la producción valor nacional, calidad y conocimientos. La nueva división internacional del trabajo va a promover los sectores que tengan más conocimientos. Estos serán los productos de mejores precios en los mercados internacionales y los que permitirán pagar mejores salarios y de mejor calidad.
Esta orientación se aplica a todos los sectores económicos. Por ejemplo en la industria cárnica, la carne orgánica o la carne de razas especiales son ejemplos a promover. En la industria maderera la promoción de la construcción de casas de madera permitirá abaratar la vivienda sin reducción de la calidad y aumentar los puestos de trabajo directos en el sector de madera, muebles y productos de madera e indirectos, como en productos eléctricos, pinturas, herrería, etc.
La biotecnología es otro caso de una industria que ya logró un cierto desarrollo en nuestro país. Uruguay exporta productos de este sector que exporta a muchos países. Son empresas donde trabajan muchos profesionales, con buenas remuneraciones y een el sector no hay desempleo. El software es otro caso claro donde no hay desempleo. Mas aun, hay empresas que no pueden desarrollarse por falta de trabajadores especializados.
Quiero remarcar que este concepto no es un lugar común y es una particularidad del programa de izquierda. Los partidos tradicionales siempre dijeron que la mejor política es la que no existe. Lo dijeron y lo hicieron en sus gobiernos provocando en los años noventa la mayor crisis de la industria de las últimas décadas. La izquierda no defiende el liberalismo. Por el contrario, sin eliminar el mercado, que no está planteado, queremos una intervención estatal mas activa, promotora de la actividad económica y la especialización de la producción. Este es un componente central de nuestra agenda de desarrollo.
Concebimos el desarrollo económico de un territorio (región, localidad o ciudad) como un proceso de avance del potencial competitivo del sistema productivo local. Para favorecer las propuestas de proyectos que impulsen tal avance, resulta de gran utilidad regionalizar el país de acuerdo a las dinámicas productivas actuales y potenciales, atendiendo además a la geografía y a la intensidad de otras vinculaciones entre los territorios.
La escala departamental suele resultar insuficiente para desarrollar proyectos productivos internacionalmente competitivos. Parece imprescindible el desarrollo de instituciones intermedias entre lo nacional y lo departamental, capaces de articular iniciativas e intereses de varias localidades y agentes locales; o de proponer como tales agentes se organizan como proveedores para las inversiones que sus territorios estén recibiendo, en una escala adecuada como para que los proyectos se sostengan por si mismos a mediano y largo plazo. A su vez, la escala departamental puede ser demasiado elevada para pensar en proyectos de desarrollo social, que a menudo requieren de atender especificidades de pequeñas comunidades.
Se debe apuntar a vincular los sectores dinámicos a escala nacional (por ejemplo, las cadenas agroindustriales) con el tejido productivo local, para que los territorios puedan realizar sus potencialidades más allá de ser un mero soporte físico de los grandes proyectos. Ello implica desarrollar otras actividades no vinculadas al sector agropecuario, formación de redes de proveedores y servicios locales, así como formación de capital humano y generación local de conocimiento para la mejora de la competitividad. El objetivo debe ser tratar de impedir que las grandes inversiones se consoliden como enclaves extractivos.
Para ello, el gran reto es que las regiones y territorios del país asuman rol protagónico en la provisión de esas ventajas, con criterios de especialización y eficiencia, insertándose en el sistema de valor de las actividades productivas y sectores clave desde la perspectiva de la estrategia país, aportando valor agregado en productos y servicios que no se reduzcan solamente al factor tierra y recursos naturales. La idea es que no solamente debemos promover las inversiones, sino colaborar con las regiones para que estén preparadas para recibirlas, y crear desarrollo social a partir de ellas, mediante una relación de cooperación y articulación entre la inversión o emprendimiento externo y el territorio.
Nos hemos referido a una agrupación de grandes áreas según geografía, vinculaciones económicas, tamaños e intensidad de otros vínculos sociales, que podrían ser:
- Norte: Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo
- Litoral: Salto, Paysandú, Río Negro
- Sur Oeste: San José, Colonia, Soriano
- Centro: Flores, Durazno, Florida
- Este: Maldonado, Lavalleja, Rocha, Treinta y Tres
- Canelones
- Montevideo: que por ser la mitad del país debería considerar a su vez, regionalizaciones internas
Estas regiones nos permiten pensar en un conjunto de atributos y condiciones actuales y futuras que marcan ciertas vocaciones productivas y proyectos particulares. Ello no obsta a que no sea necesario considerar geometrías variables, lo que implica también pensar en espacios interciudades o inter localidades, para gestionar proyectos o problemas específicos, por ejemplo:
- Región metropolitana, atendiendo a los problemas del circuito de empresas radicadas por ejemplo en San José y Canelones donde trabaja personal que vive en Montevideo, o el simétrico de habitantes que trabajan en la capital pero viven en los departamentos vecinos
- Bella Unión – Salto
- Eje capitales Tacuarembó, Rivera y Artigas
- Basaltica Norte
- Eje Fray Bentos, Mercedes, Nueva Palmira
- Zona Arrocera Este
Se propone promover una red de Agencias e Institutos de Desarrollo, que en función de estas u otras regionalizaciones, puedan acumular masa crítica para elaborar proyectos consistentes de desarrollo productivo y social, con fuerte involucramiento de los agentes locales.
Coincidimos con Francisco Alburquerque en que “La política del desarrollo debe incorporar, por tanto, una aproximación territorial y no solamente una visión sectorial o agregada. Debe incluir la participación de los actores locales en la elaboración de las respectivas estrategias territoriales de desarrollo. Debe incorporar una atención fundamental a las innovaciones del capital productivo en el tejido empresarial, tanto las de carácter tecnológico como de gestión y socio-institucionales, dando una prioridad fundamental a las microempresas, pequeñas y medianas empresas y cooperativas de producción y consumo, tanto de carácter formal como informal, a fin de incorporar los objetivos de la cohesión social en la política de desarrollo empresarial y empleo. Para ello hay que incrementar también el conocimiento de los sistemas productivos locales superando los viejos sistemas de información estadística sectorial que poco ayudan en este sentido. Y todo ello, promoviendo desde el inicio, la construcción del “capital social” necesario desde cada territorio.
“Frente al enfoque convencional del desarrollo, que lo reduce habitualmente a mero crecimiento económico cuantitativo, es necesario un enfoque cuyo fin sea la gente y los territorios donde habita, que se oriente hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la gente y que incorpore para ello una política activa de empleo en condiciones de trabajo decente, como señala el lema de la OIT, a fin de mejorar los ingresos de las personas y su calidad de vida. Frente a la convicción en la difusión del crecimiento económico desde las regiones centrales que postula el capitalismo global, el enfoque del desarrollo humano desde la perspectiva territorial apuesta por estrategias concertadas entre los actores locales, basadas fundamentalmente en el mejor aprovechamiento de los recursos locales y las oportunidades de dinamismo externo. Y frente al acompañamiento de las políticas asistenciales y declaraciones retóricas para enfrentar las situaciones de pobreza y degradación social y medioambiental en el mundo, se postula el fortalecimiento de las capacidades y recursos de los gobiernos locales para asumir sus nuevas funciones en el desarrollo económico y el empleo local, la eficiente coordinación interinstitucional y la cooperación entre el sector público, el sector privado empresarial y el sector de conocimiento, entendiendo la gobernanza como una tarea compartida entre los diferentes actores locales en la gestión de todos estos procesos”.
POLÍTICA ENERGETICA
No hay proyecto de desarrollo productivo que pueda sostenerse en el tiempo si no se acompaña de una adecuada política energética. Se ha hecho mucho en este terreno durante el primer gobierno del FA y en un tema clave: la promoción e incorporación de energías renovables. En 2006 nuestro gobierno definió lineamientos de estrategia energética con el objetivo de establecer un Plan Energético Nacional de largo plazo. Con el objetivo de comenzar a diversificar nuestra matriz energética, en marzo de 2006 se convocó a un llamado público para producir 60 MW originados en fuentes renovables (biomasa, eólica y pequeña hidroeléctrica) que UTE compraría e integraría en la red. Esta cifra constituye aproximadamente el 3% de la potencia instalada.
Quiero destacar que todos los proyectos de biomasa que se presentaron, utilizaron equipos con calderas uruguayas, lo que sin duda supone una promoción a la industria nacional. Esto fue un objetivo buscado pues en la evaluación de los proyectos se premiaba el mayor componente nacional. También se adjudicaron proyectos eólicos por un total de 6 MW, los que se suman a los 10MW eólicos en el Cerro de los Caracoles. Por otra parte, la generación solar térmica ha sido prevista como tecnología de apoyo específico en financiamiento del programa de Eficiencia Energética Uruguay, programa que ha dispuesto también elementos de difusión y capacitación. Asimismo se reguló la producción y comercialización de los agrocombustibles y se fijaron metas mínimas obligatorias de incorporación de mezcla a los combustibles nacionales.
En las metas energéticas, que compartimos plenamente y que nos comprometemos a llevar a cabo, se proponen que al menos el 15% de la generación eléctrica sea producida con fuentes renovables, y que al menos 30% de los residuos agroforestales se utilicen para producir distintas formas de energía. También se propone que al menos el 10% del combustible que se utiliza en el transporte de carga y de pasajeros tenga un origen de fuentes de energía alternativa. Avanzaremos en esta dirección en el segundo gobierno del FA, proporcionándole al país una opción mas diversificada en materia energética.
Quiero destacar que nuestro gobierno retomó la inversión en generación energética que los partidos tradicionales no hicieron en décadas, generando la incertidumbre que hoy tiene cada año el país donde esperamos ansiosamente que llueva para tener energía. Este es un gran cambio de nuestro gobierno. En el siguiente debemos profundizarlo.
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y POLÍTICA LABORAL
El desarrollo productivo del país implica un esfuerzo colectivo, del conjunto de la sociedad. Es el país entero que tiene que acentuar su movimiento hacia mas y mejor producción. Y sobre este punto es necesario mencionar que en los trabajos realizados en el ámbito del Gabinete Productivo se detectaron cuellos de botella , como la escasez de recursos humanos calificados y la dificultad de obtener recursos financieros para proyectos de desarrollo.
Sobre el primer aspecto es claro que debemos trabajar más intensamente para formar los trabajadores que son necesarios pues actualmente las empresas tienen dificultades para llevar a cabo ampliaciones por la imposibilidad de contratar personal adecuado. Para pòner algunos ejemplos esta situación es clara en el sector del software, pero algo similar ocurre en los laboratorios y los sectores de las tecnologías de la información. Uruguay perdió inversiones que no se concretaron por carencia de personal calificado para poner en funcionamiento las nuevas empresas proyectadas. Una prioridad de nuestro gobierno debe ser la Formación profesional para preparar los trabajadores que las empresas necesitan
Perspectiva de género y economía social
Cuando hablamos de trabajo no debemos olvidar que no somos hombre y mujeres y que nuestro compromiso es la equidad y solidaridad, también de género. Hemos titulado esta intervención economía para todos y todas. Lo hicimos pensando el aporte de las mujeres a la economía. Según algunos cálculos el aporte del trabajo no remunerado, que realizan principalmente las mujeres en el ámbito de los hogares oscilaría entre un 26 y 30% del valor del PBI.
Sin embargo, aun siendo las mujeres mas educadas ganan menos que los hombres (cuando ellas tienen más de 13 años de educación la brecha alcanza más del 30% si calculamos salario por hora), el desempleo femenino es mayor y persiste la segmentación vertical y horizontal del mercado de trabajo. Si su trabajo es una contribución al desarrollo y a la economía, ¿por qué no se lo impulsa de una manera más decisiva?
Sostenemos la necesidad de reconocer estas asimetrías entre hombres y mujeres y adoptar políticas activas para combatirlas. Avanzar en empleo de calidad con todos hombres y mujeres bajo el concepto del “trabajo decente de OIT”.
Economia Social, Cooperativismo y Pymes
La izquierda debe favorecer el desarrollo económico y social de experiencias con claro sentido solidario. El Estado debe procurar establecer una verdadera alianza estratégica con el cooperativismo y la economía social en su conjunto Para una mejor distribución de la riqueza hay que abrir anchos campos de actuación a estos sectores.
Asumimos y respaldamos las decisiones del V Congreso del Frente Amplio que señalan “la necesidad de apoyar distintas formas de propiedad incorporando formas mixtas entre estatales y privadas, de propiedad social y de autogestión”.
El cooperativismo y la economía social deben ser parte sustantiva de la estrategia de desarrollo, por lo cual, y respetando su autonomía, el Estado debe generar políticas, estrategias, instrumentos y acciones a fin de fortalecer este espacio económico, a condición de que impulse una real democratización de la economía y la sociedad.. Las cooperativas y entidades de la economía social deben representar un eslabón relevante en la incorporación de sectores sociales a la actividad productiva, y jugar un rol complementario con respecto al papel de las instituciones del Estado en esferas sustantivas de la vida social.
Asimismo, pueden constituir alternativas para los y las jóvenes y las mujeres a fin de su inserción en la sociedad y especialmente en el ámbito del trabajo de manera digna y estable.
Creemos necesario impulsar un plan de fortalecimiento de este sector que incluya 1) un cambio en el sistema de compra del Estado, una plataforma de apoyo a la comercialización y la gestión; 2) el acceso a las tecnologías de la información, 3) la creación de un Fondo de Garantía, 4) la creación de una marca social y cooperativa y 5) adecuar el marco jurídico para el tercer sector.
Un capítulo especial merecen las pequeñas y medianas empresas. Hablar de empresas en Uruguay implica hablar de PYMES. Más del 99% de las empresas uruguayas son PYMES. Esto representa 120 mil empresas en el rubro comercio, industria y servicio. Si se contabilizan establecimientos agropecuarios se llega a 190 mil. En las PYMES trabajan casi el 70% de los uruguayos. Un desafío central, es favorecer la competitividad de estas empresas, y promover un mayor peso en las exportaciones del Uruguay. Hoy solo contribuyen al 5% de las exportaciones destacándose el sector de software. Para eso es necesario priorizar el apoyo crediticio y la formación empresarial. Esto último es relevante, para tener empresarios y cultura empresarial en el país que favorezca el riesgo, el emprendedurismo y el desarrollo.
En esta área, la producción familiar a nivel rural es un sector al cual debemos prestar especial atención. 32000 unidades de producción familiar a nivel rural existen en el país. Un país integrado debe velar por equilibrios territoriales y económicos. El fortalecimiento de estas unidades de producción, su apoyo y fomento deben ser parte central de una política de desarrollo rural.
En el 2005 el Frente Amplio asumió el gobierno en el marco de una crisis social de grandes dimensiones. Hemos demostrado nuestra opción por los pobres, hemos demostrado nuestra opción por los trabajadores. Desde el Plan de Emergencia a los Consejos de Salarios hay una gama relevante de acciones y políticas. Debemos seguir cambiando pero vamos por más. Debemos en un nuevo gobierno del Frente Amplio ampliar la base de los servicios sociales también para las capas media que constituye un pilar fudamental de nuestro proyecto político. Tampoco hay sociedad integrada si las capas media no participan activamente de la educación pública, de los servicios de salud. Los cambios también son duraderos si una amplia alianza de sectores sociales lo respalda. Por eso es fundamental una alianza amplia de trabajadores, de sectores medios de la ciudad y el campo para que participen y se beneficien de los cambios sociales en curso.
UN GRAN DESAFÍO DE NUESTRO PAÍS ES MEJORAR LA INSERCION INTERNACIONAL PARA LAS EXPORTACIONES
Es imperioso, que perseveremos en el objetivo de mejorar la calidad de las exportaciones, su contenido de conocimiento, entendiendo por ello que tengan un mayor porcentaje creciente de bienes con elevado valor agregado nacional, bienes de media y alta tecnología. El MERCOSUR debe contribuir a la mejora de la calidad de las exportaciones: eliminar el doble cobro del arancel externo común, recurrir a las monedas locales en el intercambio regional, concretar la interconexión eléctrica con Brasil y continuar perfeccionado los instrumentos para combatir asimetrías, son ejemplos de medidas que permitirían avanzar en la Unión Aduanera y lograr que el MERCOSUR ofrezca más beneficios para el desarrollo nacional.
Pero también resulta imprescindible que contribuyamos de manera significativa con el sector privado en el esfuerzo por abrir nuevos mercados que nos permitan ampliar la gama de productos que el país exporta. Deben para ello continuarse y profundizarse los esfuerzos de coordinación que se vienen realizando desde el Poder Ejecutivo para la creación de una institucionalidad apta para promover de modo la inserción exportadora. Se deben aprovechar al máximo posible los espacios de negociación comercial que nuestro acuerdo regional nos permite.
Es cada vez mas falsa la disyuntiva mercado interno – mercado externo. Ambos son importantes, pero un crecimiento sostenido requiere un mercado superior al de nuestro país, pero eso la necesidad de ir a los mercados internacionales y en éstos los de mejores tendencias de precios y tamaño son los de productos de calidad. Por eso que acceder a ellos es una condición del desarrollo
DEBEMOS AUMENTAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE LAS INVERSIONES
Durante el segundo gobierno del FA será necesario incrementar de manera significativa la inversión publica en infraestructura. Este objetivo no es de fácil realización en el contexto presente porque los recursos fiscales serán quizá menos holgados que en los años recientes, dado que la crisis internacional a enlentecido el nivel de actividad, y porque es de esperar que Uruguay enfrente un saldo de cuenta corriente mas estrecho por reducción en cantidad y precio de ciertas exportaciones
Tenemos ese reto y vamos a cumplir con el. Debemos diferenciar entre las obras de infraestructura que puede encarar, con sus recursos, el sector publico de aquellas que deban impulsarse por medio de un programa serio y bien diseñado de asociación publico/privada, Los proyecto público/ privados tiene que estar sometidos al régimen jurídico de las empresas privadas y deben contar con asesoría de la ANII, en lo que corresponda, para adquirir o desarrollar en ámbito local la tecnología apropiada. Tareas prioritarias en materia de infraestructura se encuentra la reactivación del servicio ferroviario, más aún en una estrategia de desarrollo por regiones del país, los puertos, las comunicaciones y la red vial.
La red ferroviaria es una obra de infraestructura de gran trascendencia, una necesidad cada vez más apremiante si se considera el creciente desarrollo forestal del país. Una asociación publico/privada, bien estructurada, es el primer camino que debemos intentar para recuperar y ampliar nuestra red ferroviaria. Lo que se ha hecho en nuestro periodo de gobierno desde el Ministerio de obras públicas no se había hecho en los últimos 50 años, eficacia y capacidad de resolución.
Otra área donde hay que incrementar en forma sustantiva la inversión es la vivienda. Tenemos un déficit habitacional claro en el Uruguay.
Uruguay tiene que orientarse a un programa de viviendas con un papel importante del Banco Hipotecario, que esta comenzando a recuperar un papel que nunca debió abandonar, y de las cooperativas de vivienda que tienen larga tradición y han demostrado que contribuyen a la solución del problema habitacional.
Una segunda cuestión que interesa destacar en materia de inversiones en la agenda del desarrollo se refiere a la inversión extranjera. El desarrollo autónomo e independiente del capital extranjero, como operó en Japón y Corea, por ejemplo, ya no es posible en el sistema mundial actual, dada la presencia dominante de las Empresas Trasnacionales (ET) en el comercio internacional y su peso relativo en los sectores más dinámicos. Para un país que requiere transformar sus estructuras productivas, parece necesario promover la inversión extranjera directa (IED) orientada por los objetivos de desarrollo, como lo han hecho países tan diversos, desde Singapur hasta Irlanda.
En Uruguay predominó una filosofía de igualdad de tratamiento para las empresas nacionales y extranjeras, que se concreta en la Ley de Inversiones del año 1998. En los años recientes la preocupación se concentró en mostrar al país como “amigable” hacia el capital extranjero y captar el mayor flujo de inversiones que fuera posible. Tal énfasis fue el correcto, visto que el gobierno de Izquierda debía mostrar que era capaz de atraer de modo significativo y sin antecedentes históricos inversores del exterior. Desde 2005 se multiplicó la atractividad del país. Esa capacidad de atracción debe mantenerse, y a la vez, debemos ser capaces de reorientar los flujos de inversión.
La promoción de IED para el desarrollo debe tener por objetivos principales la atracción de “IED de calidad”, mejorar los beneficios de la IED recibida, en términos de tecnología, compras locales, reinversión, protección ambiental y al consumo, etc., así como contener potenciales daños (por ejemplo evitar el desplazamiento de firmas locales viables o prácticas anticompetitivas). En materia de organización institucional, se debería apuntar a cumplir con los tres roles que las Agencias de promoción de la IED han ejercido en países exitosos: identificación de los inversores, seguimiento de los compromisos asumidos o de las actividades de estas empresas, y apoyo técnico a la negociación que debe realizarse al más alto nivel político.
Quiero mencionar tres aspectos sobre el destino de la inversión extranjera: puede participar en proyectos publico-privados y privado-privados en calidad de socio, puede participar en nuevos proyectos, muy difíciles de financiar con recursos propios y no solo comprar empresas ya existentes y puede asociarse con capitales nacionales a través del mercado de capitales, el cual puede cumplir un rol importante en el financiamiento de obras que no puede abordar el Estado en forma exclusiva.
El MERCOSUR puede contribuir a que las inversiones extranjeras, de la región y de extrazona, se instalen en Uruguay para que se abastezca desde aquí al mercado regional. Para que esto sea posible el requisito clave es la certidumbre de acceso al MERCOSUR. En tanto subsistan dudas acerca del acceso las inversiones no se radicaran en las economías pequeñas. Tenemos que perseverar en el objetivo de que eliminen las restricciones que impiden, retrasan o generan dudas sobre el acceso de bienes y servicios de Uruguay en el MERCOSUR.
El financiamiento al desarrollo debe también ser un objetivo relevante porque la inversión en gran escala requiere recursos específicos. El Banco de la Republica ha cumplido un papel importante. Será especial preocupación del segundo gobierno del FA reforzar las funciones del BROU como banco de desarrollo, desde una perspectiva no clientelística y de rigor en la evaluación y concesión de los créditos, tal como ha empezado a practicarse desde 2005.
Debe entenderse que el BROU es una pieza clave en el financiamiento del desarrollo; alcanza con decir que este solo banco representaba, en diciembre de 2008, el 43% de los activos totales del sistema bancario Las iniciativas de llamado a presentación de proyectos, puestas en marcha por el BROU, han resultado altamente exitosa. (Al finalizar febrero de cada año se hace un llamado para presentar proyecto de inversión. El 27 de febrero de 2009 cerro el 4to llamado y se presentaron 48 proyectos por un total de 340 millones de dólares, 30 industriales y 17 de servicios)
Debemos también, y asumimos ese compromiso, perfeccionar y profundizar el régimen legal, establecido durante este gobierno frenteamplista, para fomentar la reinversión de utilidades y debemos encarar en profundidad el fomento del mercado de capitales de forma que los grandes proyectos de infraestructura encuentren financiamiento en el ámbito local
Reforma del desempleo y formación profesional – desempleo por crisis
El trabajo cumple un rol central en la sociedad y es vital para cada persona, promoverlo es un objetivo central del gobierno. Pero sabemos que a veces las alzas y bajas de la economía determinan que puedan existir períodos de desempleo. En este tema nuestro gobierno promovió un cambio central, la reforma del seguro de desempleo ampliando la cobertura en varios sentidos: se ampliaron los plazos según la edad del beneficiario o se extiende el plazo en general en tiempos de recesión económica. Una innovación importante es que, paralelamente a esa mayor posibilidad de cobertura, se agrega la participación en cursos de capacitación mientras dure el subsidio.
Existe una importante disponibilidad de fondos ya asignados, pero no ejecutados en el Fondo de Reconversión Laboral (producto del aporte de empleados y trabajadores del 0,25% de los salarios). Recientemente se ha creado una nueva institucional para administrar dichos fondos, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional . Este instituto realizará una gran contribución no solo en épocas normales, sino en particular en el actual período de crisis.
La crisis en Uruguay ingresa por el comercio internacional: a partir de la reducción de la actividad de los países desarrollados Uruguay ha reducido sus exportaciones de algunos productos. Esto ya se vio en las curtiembres, la industria automotriz, la textil y en algunos sectores del complejo maderero. Y esto provocó aumentos en el desempleo. Nuestro objetivo en esto es utilizar todas las herramientas existentes y algunas necesarias a crear para mantener el empleo. Esto favorece a las empresas que conserva el capital humano, a los trabajadores, que mantienen el trabajo y obviamente al país que reduce el impacto social de la crisis.
¿Qué hacer? Los lineamientos de nuestra política serán: promover acuerdos de trabajadores y empresarios para reducir el tiempo de trabajo y no enviar trabajadores al seguro de paro. La perdida de salario debe ser compensada con una utilización flexible del seguro de desempleo, en la linea de las reformas ya realizadas adaptadolo a la situación de crisis, y el Fondo de Reconversión Laboral que permite financiar cursos de recalificación profesional. En todo el mundo se están buscando mecanismos para mantener empleo y repartir los costos de la crisis. Este es el objetivo que debemos lograr. Es decir medidas concretas para situaciones especiales.
Hoy en día hay un amplio consenso, en la sociedad uruguaya, en cuanto a la necesidad de mantener una política económica que cuide ciertos equilibrios básicos. Nosotros compartimos decididamente esta visión. Nada se puede construir en tanto se va gestando el desorden económico. Pero en contrapartida decimos que el orden económico no es un fin en si mismo. La economía tiene que estar al servicio de las personas y la sociedad.
Ajuste fiscal
Nos han preguntado sobre si haremos un ajuste fiscal. Quiero decir enfáticamente que el próximo gobierno del Frente no hará un ajuste fiscal. No lo hará porque no será necesario. Esto es así porque el actual gobierno equilibró las cuentas públicas y, si bien en este año por la crisis global el déficit fiscal tendrá un crecimiento, ratificamos que no será necesario un ajuste.
Hoy los candidatos y los asesores de los partidos tradicionales afirman que habrá un ajuste fiscal en el nuevo gobierno. Ellos conocen bien de qué se trata esto porque ellos sí hicieron ajustes y siempre lo hicieron castigando a los hogares más humildes. Lo que no dicen es que sus gobiernos terminaron con un déficit fiscal muy superior al de nuestro gobierno. Ninguno de los gobiernos de los partidos tradicionales tuvo un déficit fiscal menor que el actual. Este es también un logro de nuestro gobierno, que queremos remarcar, porque es a partir de ello que en el período siguiente estamos en condiciones de profundizar los cambios.
Lo haremos para todos los uruguayos y uruguayas, porque el gobierno de la izquierda es para todo el pueblo, sin diferencias, sin desigualdades.
DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL
En este sentido, quiero expresar claramente que consideramos los sistemas de protección social son un componente esencial para lograr un desarrollo sustentable, un desarrollo que supone crecimiento económico con equidad.. La protección social debe ser universal (todas las personas deben estar protegidas por el sistema), por lo que debe tener programas diferenciados que den cuenta de la diversidad existente en la sociedad para cumplir con tal aspiración.
Queremos asumir formalmente el compromiso de continuar avanzando en el cumplimiento de los objetivos de la protección social. Esto es:
* garantizar un nivel mínimo de ingresos, generalmente vinculado con alguna medición de la pobreza
* compensar, en un porcentaje, las pérdidas de ingreso resultantes de enfermedad, desempleo o vejez
* avanzar hacia un nivel más alto en la igualdad de la distribución de los ingresos.
Hay que tener en cuenta que los cambios operados en las últimas décadas, en la economía, en el mercado de trabajo y en las familiares, provocaron una sociedad uruguaya más fragmentada, generando grietas importantes en los niveles de cobertura, dado que la protección social no se modificaba en consonancia con dichos cambios.
Cuando asumió el gobierno del Frente Amplio en Marzo del 2005 la ruptura entre el modelo de protección social y la realidad social era muy clara. La realidad indicaba que existían crecientes riesgos sociales asociados a hogares cuyos jefes o jefas de hogar estaban desempleados o trabajaban en el sector informal de la economía y que se caracterizaban por la presencia de mayor cantidad de menores que el promedio de los hogares uruguayos. El único dispositivo previsto desde la protección social era la asignación familiar para hogares de menores recursos, pero el exiguo monto de la prestación esterilizaba en buena medida su potencialidad de alivio a la pobreza y era inocuo a la hora de incidir positivamente en la distribución del ingreso.
Inmediatamente el gobierno desplegó el Plan de Atención a la Emergencia Social (PANES), que suponía un conjunto de programas articulados, incluyendo un componente de transferencia monetaria (Ingreso Ciudadano), cuya finalidad era la asistencia y promoción social, destinado a los hogares más pobres entre los pobres y que abarcó en su desarrollo a aproximadamente el 10% de los hogares uruguayos. Por definción el PANES era de carácter transitorio y así sucedió, no obstante algunos de sus componentes reformulados (tarjeta alimentaria, Uruguay Trabaja, etc.) continúan en la llamada Red de Asistencia e Integración Social (RAIS) del Plan de Equidad.
Las reformas de salud y de asignaciones familiares, dan cuenta del viraje producido en la materia, atendiendo a la estructura de riesgos de la sociedad uruguaya, incorporando a cerca de 500.000 niños y niñas al seguro de salud en el primer caso, y a 330.000 a una prestación monetaria sustancialmente mejorada en el segundo caso, todo ello en el curso de un solo año
Compartimos las definiciones clave surgidas del “Diálogo Nacional en Seguridad Social”. De esta instancia surgieron líneas programáticas para ser aplicadas en el corto plazo (flexibilización del sistema jubilatorio y reforma del seguro de desempleo, que se plasmaron en leyes ya votadas por consenso en el parlamento) y otras con alcance de mediano plazo que hacen a la construcción del Sistema Nacional de Protección Social. Creemos de fundamental importancia impulsar decididamente, durante el segundo gobierno del FA, la construcción del Sistema Nacional de Protección Social cuyas bases fundacionales se crearon en este primer período de gobierno.
Aquí no quiero dejar de señalar que la asignación familiar es un derecho del niño y perfeccionar su universalización. Todos los niños deben reunir las condiciones para ingresar en el nuevo sistema de asignaciones familiares. Y todos los niños deben reunir las condiciones para estar incorporados al seguro de salud.
En otras instancias nos hemos detenido detalladamente en diversos aspectos de la seguridad social y también de otro factor determinante de la protección social como es la reforma de la salud. Me remito a estas manifestaciones que ya he expuesto y reitero mi compromiso.
En suma, estamos proponiendo una Agenda Nacional de Desarrollo basada en los siguientes pilares:
Fortalecimiento de las políticas activas tanto horizontales como verticales.
Prioridad en el estímulo a los complejos productivos estratégicos que incorporan valor agregado, conocimiento e innovación.
Una estrategia de desarrollo territorial para un “solo país productivo”
Un modelo de especialización productiva que involucre calidad basado en el trabajo decente y calificado.
Mejorar la calidad de las exportaciones, promoviendo los bienes con valor agregado y con media y alta tecnología.
Fortalecer el MERCOSUR y a la vez impulsar con el sector privado la diversificación de mercados.
Una política clara para captar inversión extranjera directa estructurada en torno a las prioridades del desarrollo nacional.
Una política energética diversificada, promoviendo las fuentes de energías renovables.
Una estrategia de formación profesional relacionada con estas estrategias de desarrollo y el Uruguay Productivo.
Una muy fuerte apuesta a la economía social y el cooperativismo.
Inclusión de la perspectiva de género en las políticas de trabajo.
Un sistema público de financiamiento para el desarrollo estructurado en torno al BROU
Un sistema de protección social, componente de la estrategia país, que garantice derechos cada vez más universales a los trabajadores.
Un País, entonces, con una Economía para Todas y para Todos, un país que día a día se levante con la convicción de estar haciendo lo mejor, con la fuerza de espíritu para conquistar nuevos horizontes, que se plantea nuevos desafíos, que se propone construir un pacto social y político radicalmente democrático , solidario y esperanzador
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