Maldonado, 29 de abril de 2009
Marcos Carámbula propone un enfoque de derechos humanos basado en la autoridad, la reciprocidad y la convivencia y un conjunto de medidas concretas en relación al tema seguridad.
Resumen de propuestas (ver ampliación en documento)
1) Implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia que sea el marco conceptual del conjunto de acciones que despliega el Estado a los efectos de tener un rumbo y una hoja de ruta en la materia.
2) Promover la aprobación de una Ley Marco sobre Seguridad Ciudadana y Convivencia, que defina con precisión la estructura institucional de este sector, indicando las diferentes responsabilidades de las dependencias del sector público involucradas en la política de seguridad y convivencia (ministerios; organismos descentralizados; empresas públicas; gobiernos municipales).
3) Creación de un Consejo Asesor de Seguridad Ciudadana y Convivencia Dentro de esta Ley Marco, se creará el Consejo Asesor de Seguridad Ciudadana y Convivencia que tendrá como cometidos colaborar en el diseño de la política pública en esta materia. El Consejo deberá integrarse con representantes técnicos de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, así como de las diferentes organizaciones sociales y de la empresa privada. En el ámbito de este Consejo, el Ministerio del Interior presentará su propuesta de Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Asimismo, en el ámbito del Consejo se acordarán los mecanismos de implementación y evaluación del Plan Nacional.
4) Prioridad absoluta a los recursos presupuestales del Estado al Ministerio del Interior por el lapso de dos años y un sistema de indicadores por resultado vinculado a la retribución económica del personal. El sistema debe tener la finalidad evitar igualar hacia abajo al personal policial: quienes mejor cumplan con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, recibirán una mejor retribución.
5) Más y mejores policías en tareas vinculadas a la prevención del delito. En esta línea, señalamos que Uruguay tiene, en los papeles, una de las tasas de policías por habitantes más altos del mundo. La tasa promedio internacional está entre los 200 y los 250 policías cada 100 mil habitantes. Hay que redistribuir racionalmente las plazas existentes y las vacantes, a partir de una política profesional en gestión de recursos humanos, para que, como mínimo, contemos con una media nacional de entre 250 y 280 policías cada 100.000 habitantes, cumpliendo efectivamente tareas de seguridad en un sistema de intervención activo de la Policía Nacional.
6) ) Rediseño del despliegue territorial de la Policía Nacional cambiando la localización de comisarías y destacamentos de acuerdo a la realidad poblacional del país. Lo anterior se relaciona con la implementación urgente de un nuevo diseño en el despliegue territorial de la Policía Nacional. El actual mapa de distribución de los recursos humanos y materiales de la institución policial en prácticamente la totalidad de las seccionales policiales de las 19 Jefaturas Departamentales responde a otra época, a otro Uruguay.
7) Fortalecimiento de la Policía Nacional y depuración de la fuerza policial. Seguiremos, entonces, fortaleciendo a la Policía Nacional, apoyando a sus buenos efectivos, y depurando la fuerza de los que no entendieron el compromiso que asumieron de defender la Constitución, la ley y la confianza del pueblo uruguayo. En esta materia, continuaremos desarrollando a la Dirección de Asuntos internos, como garantía de transparencia y rendición de cuentas de la policía uruguaya hacia la ciudadanía.
8) Respeto a la funciones profesionales de los funcionarios estatales; las Fuerzas Armadas en ningún caso pueden cumplir funciones de seguridad interna. En este contexto, reiteramos que las funciones del Estado que tienen que ver con la disuasión y la represión del delito y la violencia son exclusivamente policiales. No pueden confundirse graciosamente cometidos y especializaciones diferentes, proponiendo que profesionales de las Fuerzas Armadas asuman tareas para las que no están formados ni equipados.
9) Modernización institucional de la Policía y eliminación del servicio “222”. También dentro del tema Policía Nacional, nos comprometemos a profundizar los procesos de modernización y cambio de la institución. Se asume el compromiso de presentar un plan racional para la reducción gradual de las horas que cumple el personal por concepto de “servicio 222” hasta su eliminación total en el momento de alcanzar la compensación salarial correspondiente. En ese proceso, se creará una unidad policial especial para la prestación (como servicio ordinario) de servicios de seguridad bancaria y en espectáculos públicos masivos.
10) Calificación permanente de los funcionarios policiales para alcanzar tercer año de ciclo básico como mínimo en los funcionarios de la Polícía. Asumimos la necesidad de incrementar los niveles de capacitación y elevar los requisitos de ingreso a la fuerza policial. El Estado debe asumir la responsabilidad de asegurar que el personal policial complete el Tercer Año de Ciclo Básico, mediante convenios con ANEP, e inclusive, liberando horas de trabajo del funcionario para que pueda alcanzar la escolaridad necesaria.
11) Respeto a los derechos sindicales de los funcionarios sin menoscabo de la atención de las responsabilidades del Estado por la seguridad. En este sentido, asumo el compromiso de trabajar para, en permanente diálogo con el PIT-CNT, contribuir a compatibilizar el ejercicio de la libertad sindical con las características de la institución policial, por naturaleza sometida a disciplina y jerarquía, y donde no debe, excepto en el caso de órdenes ilegales, romperse bajo ningún concepto la cadena de mando. Compatibilizar los derechos de los policías sindicalizados con el estricto cumplimiento de la función permanente de la policía, que, según la OIT y los Pactos de Naciones Unidas, llega a restringir el ejercicio del derecho de huelga, reitero, es un desafío que asumo y que me comprometo a resolver de la manera que mejor convenga al interés general, representado por la necesidad de garantizar los derechos humanos de todos los y las integrantes de la sociedad uruguaya.
12) Un sistema de privación de libertad que no funcione como universidad del crimen y perfeccionamiento de las redes de marginalidad. En cuanto al sistema carcelario, nos comprometemos a la creación y puesta en funcionamiento en el plazo más breve posible del Instituto Nacional de Rehabilitación, como servicio descentralizado. Este instituto será el responsable de la gestión de las medidas de privación de libertad en todo el país. El instituto tendrá dos áreas con autonomía técnica (una encargada de los internos mayores de edad y otra de los internos menores de edad), y centralizará las decisiones correspondientes a aspectos comunes del sistema de privación de libertad (como, por ejemplo: selección y capacitación del personal; infraestructura de los establecimientos; salud, alimentación y educación de los internos; y, especialmente, seguridad perimetral, para evitar fugas y otras situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad física de los mismos internos, del personal a cargo de su custodia o de la población en general.
13) Descentralización territorial de las cárceles y creación de cinco nuevos establecimientos.. Dentro del mismo tema, trabajaremos por la construcción de, al menos, cinco nuevos establecimientos penitenciarios para adultos varones distribuidos territorialmente en el país según la densidad poblacional y las facilidades de comunicación y transporte. También afirmo que estoy dispuesto a analizar, sin prejuicios, diferentes formas de asociación del sector público con el sector privado, con la única condición que es el Estado el único responsable de la ejecución de las medidas de privación de libertad y, por ende, de la situación de las personas sometidas a las mismas.
14) Respuesta discriminada y racional ante los diferentes tipos de delitos y delincuentes: una oportunidad a los primarios no violentos y limitación al máximo legal posible de salidas transitorias y excarcelación y libertad anticipada a los reincidentes.
Tenemos que asumir que el Estado debe emitir señales claras respecto a la respuesta penal que dispone en el caso de delincuentes primarios, frente al caso de delincuentes habituales.
Se debe brindar una oportunidad a la persona que comete un delito que no sea grave por primera vez, a partir del diseño e implementación de penas alternativas que consistan en la inserción obligatoria en programas de ingreso al mercado laboral con capacitación para puestos de trabajo genuinos, y de planes de incorporación al sistema educativo formal. Con la misma convicción, entiendo que en el caso de las personas que reinciden en el delito, más aún en aquellas formas delictivas que implican violencia contra las personas, deben recibir una respuesta clara y contundente por parte del Estado, limitándose al máximo cualquier forma de beneficio de excarcelación, salidas transitorias o libertad anticipada.
15) Perfeccionar los sistemas de responsabilidad penal juvenil sancionando la tentativa de hurto en adolescentes.
No queremos ninguna forma de impunidad: ni la del pasado ni la del presente. Si un adolescente vulnera derechos de terceros, debe hacerse responsable por el daño generado, y el Estado no puede ni debe permitir que la sanción dispuesta judicialmente se incumpla y que los programas especializados que deben aplicarse en el marco de las medidas de privación de libertad no se implementen. En cuanto al régimen de sanciones, comparto sí la necesidad de ajustar el marco legal para que se sancione la tentativa de hurto (conducta que hoy no es sancionada por la legislación penal para adolescentes), a la vez que también impulsaré los ajustes necesarios para establecer un régimen de sanciones no privativas de libertad para infracciones que no sean graves o gravísimas que funcione eficazmente, con participación de organizaciones especializadas de la sociedad civil.
16) Atención especializada a las formas de consumos de sustancias que reproducen ciclos delictivos e incrementan la violencia. Asumimos el compromiso de trabajar para reducir el enorme impacto negativo que tiene sobre la política de seguridad ciudadana el consumo problemático de algunos tipos de drogas, en especial, la pasta base de cocaína.
17) Consolidación del proceso de modernización del Ministerio del Interior iniciado en marzo de 2005.
18) Una estrategia de involucramiento de los gobiernos locales y la sociedad en postemas de seguridad.
Creemos profundamente en la gestión local de los problemas que más afectan a nuestra gente. En este sentido, manifestamos nuestra intención de extender el funcionamiento y fortalecer las Mesas Locales para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, como instrumento idóneo para el diseño de planes de seguridad participativos y comprensivos de los problemas locales.
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